Emite CEDHNL recomendaciones a penales de NL

La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió cinco recomendaciones a tres autoridades estatales y una municipal, por el fallecimiento de personas en Centros Penitenciarios del Estado, por revisiones invasivas en los mismos, por detenciones arbitrarias, uso de la fuerza y actos de tortura, así como por violencia obstétrica.

De acuerdo a un comunicado del organismo dos de las recomendaciones fueron dirigidas al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua por no brindar una adecuada protección a la integridad física de personas privadas de la libertad que en diversos hechos fallecieran y otras resultaran lesionadas, en donde destaca el caso de una mujer que perdió la vida al acudir a visitar a su hermano al penal del Topo Chico.

Lo anterior aunado a las prácticas de revisiones invasivas que atentan contra la dignidad de los familiares de las personas privadas de la libertad en los Centros de Reinserción Social Números 1, 2 (Apodaca) y 3 (Cadereyta), cometidas por el personal de éstos.

Otra recomendación se dirigió al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza por la detención arbitraria de una persona y el uso excesivo de la fuerza por parte de Policías de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad.

En tanto que se emitió una más al Fiscal General de Justicia del Estado, Gustavo Guerrero Gutiérrez por actos de tortura, perpetrados por agentes ministeriales en contra de una persona detenida.

Por último, se señaló como autoridad responsable a Servicios de Salud de Nuevo León y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por casos de violencia obstétrica en contra de 5 mujeres embarazadas y sus recién nacidos, por personal adscrito al Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil, al Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlveda”, y del ISSSTELEÓN.

En cada una de las recomendaciones del organismo en derechos humanos se pidió a las autoridades capacitaciones en la materia, inicio de procedimientos administrativos; eliminar prácticas de actos de tortura; tratamientos médicos y psicológicos; reembolso de gastos funerarios; protocolos; entre otras.

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