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Buscan ir por rutas a la brava

Después de casi ocho meses de dar bandazos en su postura respecto al alza de tarifas del transporte público, primero avalándola y después rechazándola, el Gobierno estatal propuso ayer requisar el servicio, luego de haberlo descartado.

El Secretario General de Gobierno, Manuel González, aseguró que sería el mecanismo más ágil para llegar a un acuerdo con los transportistas para que vendan sus unidades al Estado y que éste asuma la operación de las rutas urbanas.

«Esto es un acto de autoridad», dijo González en conferencia de prensa.

«¿Y cuál es el mejor procedimiento de acuerdo a lo que hemos analizado? Es la requisa», añadió, «porque administrativamente nos permite llegar a un acuerdo y navegar con relativa rapidez. La requisa nos da seis meses, máximo».

El Consejo Estatal de Transporte y Vialidad rechazó el lunes las propuestas para aumento de tarifas.

González convocó ayer a los 42 Diputados locales a conocer el plan para estatizar el transporte, pero sólo asistieron 10 legisladores.

La mayoría de las bancadas envió al menos un representante, excepto el PAN.

Según la propuesta del Estado, que también fue explicada por el Tesorero Carlos Garza y por el Secretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, hay elementos que sostienen la viabilidad de asumir la operación del transporte.

Éstos son sus argumentos:

  • La requisa está condicionada a que el Congreso autorice el endeudamiento por 4 mil 910 millones de pesos solicitado el pasado jueves, pues requerirían los fondos para liquidar a los transportistas que vendan por no haber aumento a las tarifas.
  • Sólo se comprarán unidades 2010 en adelante y la valuación de su costo se realizaría tomando en cuenta su depreciación por el uso que ya tienen. De esta manera, el Estado adquiriría menos de las 4 mil 667 que integran el padrón actual.
  • Quienes decidan vender, deberán escuchar una propuesta económica que les presentará el Estado en un plazo máximo de 90 días, basado en un avalúo profesional.
  • De no haber acuerdo, las partes podrían recurrir a un nuevo peritaje, con otro plazo de hasta 90 días.
  • Si no hay un consenso, las empresas podrían mantener sus bienes y continuar operando, pero bajo los lineamientos fijados por el Estado, es decir, sin aumento.
  • El Estado contempla 120 días para la implementación de la requisa.
  • El Estado estima ingresos brutos anuales mínimos de 8 mil millones de pesos por la operación del transporte dando servicio a 2 millones 380 mil usuarios, con lo que aseguran que pagarían el financiamiento solicitado al Congreso.
  • El Estado estima una reducción en los costos de operación de casi el 30 por ciento en relación con los transportistas, entre otras cosas, por comprar el diésel a 19 pesos, según un ofrecimiento federal, menos de los 20.24 pesos al que lo compran los transportistas, además de ahorros en el pago de impuestos.

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